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Nuestra colega, Irene, cuenta como un comentario suyo en twitter ha provocado la sorprendente respuesta de UGT Cataluña.

Por Irene Serrrano

Trabajo desde julio de 2007 como periodista (periodista titulada, antes hubo tres años de prácticas no remuneradas o con una remuneración simbólica). Los seis primeros meses lo hice para una revista con horario de 9.30 a 18 horas en oficina y facturando como colaborador externo. Cobraba tan poco que ni siquiera tuve que darme de alta en autónomos. Por fin, en enero de 2008 me subieron el sueldo y me di de alta en el régimen de trabajadores autónomos. Desde agosto de 2008 trabajo realmente como freelance (y no como esa figura que el Gobierno se ha inventado de ‘autónomo económicamente dependiente’ y que no son más que los jóvenes a los que las empresas se niegan a hacer contrato).

Cada mes hasta julio de 2009 pagué 176, 44 euros a la Seguridad Social y el IRPF correspondiente a lo que facturaba. Cesé mis pagos porque en esa fecha me contrató una empresa. Mi primer contrato con cinco años de experiencia. La empresa quebró a los tres meses, a finales de octubre de 2009. Durante noviembre y diciembre viví con el finiquito. Esos dos meses comencé con mis colaboraciones como freelance para varios medios. En enero de 2010 volví a darme de alta en el régimen de autónomos y facturé y cobré los trabajos realizados.

En agosto de 2009 solicité la Renta Básica de Emancipación en la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Cumplía y cumplo todos los requisitos, incluido el de unos ingresos anuales de menos de 22 mil euros. En octubre me contestaron que ya había alguien percibiendo esa ayuda en mi domicilio. Tuve que ir a subsanar el error dado que yo soy la única inquilina de ese apartamento (de 30 metros cuadrados). La persona que arrendó la vivienda anteriormente seguía recibiendo la ayuda pese a no residir siquiera en el país. La siguiente noticia que tuve de la Oficina de Vivienda fue el 5 de enero. Me pidieron el certificado de haberes. Como la empresa en la que trabaja había desaparecido –y mi situación laboral por ende había cambiado–, no lo pude presentar y en su lugar les hice llegar mi despido y lo que me habían pagado por él, así como mi alta como autónomo ese mismo mes.

Ayer, 4 de febrero de 2010 recibí una llamada de la Oficina de Vivienda de un individuo que no se identificó. Me preguntó que había estado haciendo esos dos meses, que cuáles habían sido mis ingresos. Le respondí que había vivido del finiquito hasta enero de 2010, fecha en la que volví a darme de alta como autónomo y facturé nuevos trabajos. La persona al otro lado del teléfono me dijo que entonces no tenía unos ingresos mensuales. Le respondí que quién los tiene hoy día y que pese a eso, sobrevivo con mi trabajo. Me contestó que no cumplo los requisitos para recibir la Renta Básica de Emancipación. Le dije que ésta pide una fuente regular de ingresos y que yo la tengo, que sólo tienen que consultar con la Agencia Tributaria. Volvió de nuevo a los dos meses en que no había facturado nada y me preguntó si había cobrado (“por lo menos”, señaló) el paro. Le contesté que yo no tengo derecho a ningún subsidio porque la mayor parte mi vida laboral he trabajado como autónomo. Resopló y concluyó que volviera a pedir la ayuda cuando tuviese unos ingresos mensuales.

Esta mañana he twitteado lo siguiente: “Si esta situación no es para ir a una huelga general, me pregunto cuándo adivinan los sindicatos que tocaremos fondo. Y, sin ser mi contacto, UGT Cataluña me ha contestado: “Las huelgas generales son para tirar atrás una ley en concreto, dime exactamente que contenido puede tener la huelga general”. Yo, ingenuamente, he respondido: “Las huelgas generales son para lo que los CIUDADANOS queremos que sean... Y cambian su sentido con el paso del tiempo”. Lo que viene después es una discusión absurda que se puede serguir en @ireneserrano y @ugtcatalunya .

Me ha sorprendido que los sindicalistas, con todo lo que tienen ahora por delante, se dediquen a responder a usuarios de una red social que ni siquiera les ha mencionado directamente. Sobretodo, que contesten con malos modos, con una soberbia que no corresponde a un sindicato y para replicar a una crítica. Ilusa yo, que siempre pensé que los sindicatos estaban para defender nuestros derechos. Y en vez de eso, parece ser que su oficio ahora es intentar callar a los usuarios de Twitter. Es irónico que el día que Gobierno plantea abaratar el despido de los jóvenes a 33 días, un sindicalista me pregunté que por qué quiero ir a la huelga general. Y más todavía cuando ayer una funcionaria de la Comunidad de Madrid no podía creer que yo hubiese vivido con el finiquito de un despido. Y eso que era un despido de los de 45 días…